Por Yezid García Abello
Exconcejal de Bogotá y miembro de la
dirección nacional del PTC
En esta ardua carrera de obstáculos que le
ha tocado afrontar a la ciudadanía que tomó la decisión de revocar al alcalde
de Bogotá, Enrique Peñalosa –por la insatisfacción general frente a sus
ejecutorias y por adoptar improvisadamente determinaciones de fondo que no
hacían parte de su programa de Gobierno, que es una de las formas de incumplir
el programa presentado a los electores–, el mes de junio trajo dos noticias
importantes que despejan el camino de la revocatoria y dificultan, aún más, las
maniobras arbitrarias de quienes quieren impedir el ejercicio de la
participación ciudadana y el derecho a revocar mandatarios locales que
establece la Constitución Nacional y las leyes de la República.
La primera de esas noticias se refiere a
las facultades del Consejo Nacional Electoral (CNE). Es de conocimiento de la
opinión pública que el presidente del CNE, Alexander Vega Rocha, militante del
partido de la U, ha tratado de aprovechar una mayoría transitoria en ese
organismo para impedir, sin importar la arbitrariedad de la medida, el proceso
revocatorio en Bogotá. Se planteó que el CNE era la entidad facultada para
examinar y aprobar si la revocatoria de Peñalosa cumplía con los “requisitos”
establecidos, si Peñalosa había o no cumplido con su programa de gobierno, que
insatisfacción e incumplimiento de programa eran condiciones inseparables, que
no se podía imponer una “revancha política” de los opositores al alcalde y, en
fin, muchas afirmaciones que no tenían nada que ver ni con sus facultades
legales ni con las condiciones que están establecidas en las leyes estatutarias
que regulan el tema.
Envalentonados por su “mayoría” en el CNE,
Peñalosa y su apoderado Sierra Porto fueron más allá y presentaron una tutela
para que el CNE agilizara sus determinaciones y reglamentara las condiciones de
los procesos revocatorios que se adelantan en el país y, en particular,
reglamentara la revocatoria en Bogotá. Todo ello con la vana esperanza de que
“el doctor” que rige los destinos de la capital no se vea sometido el
escrutinio público de una ciudadanía que según todas las encuestas rechaza
abrumadoramente la gestión del mandatario.
Pero el tiro les salió por la culata, el
Tribunal Superior de Bogotá, a través de reciente sentencia del 7 de junio
decidió rechazar la tutela porque, entre otros argumentos:
Para la Sala no es posible, entonces, por
la vía constitucional, ordenar al CNE que altere las reglas del juego
democrático y mediante una reglamentación haga nugatorios los derechos
ciudadanos y se atente contra el principio de la confianza legítima. Una vez se
han iniciado los trámites de revocatoria, la modificación de las reglas
existentes, no sería otra cosa diferente a violentar derechos fundamentales de
quienes se someten al juego democrático.
No se olvide que la democracia se
caracteriza por mantener vigentes y sin sobresaltos los preceptos que consagran
los derechos políticos. El ejercicio efectivo de estos derechos constituye un
fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental para que las sociedades
democráticas garanticen otros derechos. Como lo es, peticionar la revocatoria
del mandato cuando se satisfacen las exigencias previstas en la norma,
actuación que desplegaron los voceros de los grupos de ciudadanos que hasta
ahora han acudido ante la autoridad competente.
De ahí que razón les asiste a los
Regis-tradores Delegados cuando anunciaron que no procede reglamentar los
requisitos de las iniciativas de revocatoria del mandato ni valorar los motivos
que invocan los promotores, porque serán los ciudadanos, quienes en ejercicio
de la consulta popular definirán si se revoca quien fue elegido como alcalde o
gobernador y, con ello, calificarán si las razones presentadas por los
promotores encuentran sustento.
¡Más claro no canta un gallo! Estos apartes
de la sentencia constituyen un preciso testimonio de las dificultades en las
que se encuentra Peñalosa, la cuestionada Fundación Azul y el estrecho círculo
de financistas, urbanizadores y propietarios de tierras, encabezado por el
Grupo Sarmiento Angulo, que lo respaldan incondicionalmente.
Pero como “al que no quiere caldo se le dan
dos tazas”, la segunda noticia importante frente a la revocatoria es que el
reciente 20 de junio la Registraduría certificó y validó 473.700 firmas de las
703.000 que el comité “Unidos revocamos a Peñalosa” había presentado a la
entidad el dos de mayo anterior. Es evidente que Peñalosa y su apoderado harán
uso de todos los recursos legales para prolongar en el tiempo la convocatoria
al referendo revocatorio que definirá su suerte, y que tratarán de deslegitimar
ante la opinión pública las firmas válidas, destacando las deficiencias de las
que fueron rechazadas. A raíz de esta determinación, por primera vez en este
proceso, Peñalosa queda en abierta desventaja frente a la ciudadanía que
promueve su revocatoria.
La revocatoria no puede aún cantar
victoria. Peñalosa tiene defensores de oficio muy poderosos que seguirán
conspirando contra la convocatoria a las urnas. La Alcaldía está dispuesta a
gastar miles de millones de pesos en una intensa propaganda mentirosa
encaminada a tratar de mejorar la percepción de la ciudadanía sobre las ejecutorias
del alcalde. Así sea apropiándose políticamente de obras que, en el pasado, una
y otra vez, rechazó por “inconvenientes” como el cable aéreo para Ciudad
Bolívar, cuya construcción le fue imposible suspender.
Pero la mona aunque se vista de seda mona
se queda, dice el adagio popular. Peñalosa en sus recientes entrevistas en
medios ha ratificado que el Metro es un señuelo para seguir construyendo
troncales de Transmilenio e inundar de buses privados que funcionan con diesel
a Bogotá, que la privatización que pretende hacer a ETB es sólo la punta del
iceberg de la venta de los bienes y empresas públicas, que no respetará la
Reserva Van Der Hammen y que va prácticamente a acabar con los programas y la
inversión social del Distrito. Su último anuncio prepotente es que “nada ni
nadie impedirá que se construya Transmilenio por la séptima”, a contrapelo de
la voluntad mayoritaria de los habitantes de Bogotá que no quieren obras
costosísimas que a la larga asumirán los contribuyentes, poco funcionales, que
destrozan una emblemática arteria de la ciudad y cuya consecuencia es dilatar,
aún más, la construcción del Metro.
Que sirvan estas semanas, entre la
verificación de las firmas y la determinación de la fecha del referendo
revocatorio, para llegar a los pocos sectores populares que aún no abrazan la
causa de la revocatoria; para convencer a ambientalistas y animalistas que su
avanzada agenda es antagónica con la trasnochada concepción de “ciudad de
cemento” de Peñalosa; para unir voluntades en defensa de lo público; para
reclamar inversión social para los sectores más vulnerables y para conformar un
gran frente de fuerzas políticas y sociales que asuma la conducción de este
legítimo proceso en defensa de una concepción de ciudad avanzada, desarrollada,
sostenible, amable, democrática e incluyente.
Bogotá D.C., 6 de julio de 2017.
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